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Política

Bajo Un Modelo Constitucionalista.

Bajo Un Modelo Constitucionalista. - Política

 

Expedición de políticas públicas encaminadas a equiparar un nivel de igualdad con los grupos tradicionalmente marginados articulo politica..

 

Introducción:

 

Las políticas públicas son un instrumento apropiado encaminado a solucionar o prevenir una situación que se califica como problemática, en la medida que estas garantizan el ejercicio y goce pleno de los derechos fundamentales de determinados grupos sociales, particularmente aquellos que se encuentran en una situación de marginalidad.

En este trabajo se pretende demostrar una perspectiva incluyente para con los grupos sociales calificados de marginados a lo largo de la historia nacional a través del buen uso real y racional de las políticas públicas, las cuales apoyados en sus fundamentos teóricos y con un criterio integrador deben perseguir las realización efectiva de los derechos fundamentales.

Para realizar este trabajo, se hizo investigaciones de las políticas públicas con todas las consecuencias que debe producir en el ejercicio práctico conforme a un principio y derecho de la igualdad, consagrado en el artículo 13 constitucional y en numerosos tratados internacionales. Ello busca, que aquellas decisiones adoptadas por el órgano competente sean prioritarias con grupos sociales que padecen una situación real de desigualdad.

 

 

 

Justificación:

 

Debido a la masiva vulnerabilidad que padecen determinados grupos sociales, se hace imperiosa la búsqueda de posibles soluciones para protegerlos en todas sus formas, por ello, de las referencias bibliográficas se intentara diseñar un verdadero modelo de aplicación relativo a las políticas públicas ajustado al derecho y a principios fundamentales, como el más importante de ellos está el principio de igualdad.

Con el apoyo de referencias, servirá de base para efectuar un riguroso análisis en aras a determinar los vacíos teóricos que han llevado a un sinfín de problemas prácticos en su aplicación. Hay que decir que una buena política pública promotora de los derechos humanos comienza con una buena base de conocimientos teóricos, y en esa medida es menester conocer el sistema de ordenación y priorización que emplean las verdaderas políticas públicas.

Así mismo, será de enorme utilidad el estudio de la incidencia que representan las políticas públicas con todos sus efectos ya que están destinadas a mejorar las necesidades económicas y sociales que aquejan a un país.

 

 

 

 

 

 

 

Expedición de políticas públicas encaminadas a equiparar un nivel de igualdad con los grupos tradicionalmente marginados bajo un modelo constitucionalista.

A lo largo de la historia, siempre ha existido un enorme conflicto social en virtud del cual prevalece en la mayoría de las ocasiones, aquellos que gocen de una mejor posición social sobre aquellos que no tienen dicho beneficio en razón a un sinnúmero de condiciones o circunstancias. Para nadie es un secreto que la sociedad contemporánea es altamente selectiva  y preferente, lo cual, ha dado paso a que se generen situaciones arbitrarias, desproporcionadas, irracionales, y para nuestros efectos en contra a derecho. Derecho del que mucho se habla pero muy poco se refleja en la práctica, debido a la contaminación del poder en cabeza de personas que única y exclusivamente procuran una satisfacción personal o grupal tergiversando la realidad social y muchas veces, quebrantando el ordenamiento jurídico.

Todo lo anterior, resulta abiertamente contrario a los postulados constitucionales y naturales, teniendo como punto de partida para ambos  la persona como origen y fin del derecho, siendo esta quien le da sentido al derecho y no el derecho a la persona. Para efectos de comprensión del derecho natural, las escuelas de del derecho en mención, aluden que para el “Derecho Natural, los derechos humanos son la consecuencia normal de el orden jurídico, tenga su arraigo esencial en la naturaleza humana”[1].

Ahora bien, analizando la problemática bajo el modelo constitucionalista teniendo como base la carta política de 1991 ofrece diversas alternativas encaminadas a detener una sociedad selectiva y preferente para ser una más justa, democrática, y participativa dejando de lado factores personales, sociales, económicos, religiosos, políticos, etc.  En este orden de ideas, es importante examinar artículos relevantes del ordenamiento constitucional en punto a dilucidar un panorama pacífico y de fácil acceso para la gran mayoría. Sin embargo, es pertinente en primera instancia realizar un estudio amplio pero no por esto dejare de ser completo sobre aquellos grupos tradicionalmente marginados.

Cabe aclarar, que nuestra constitución política no define puntualmente que debe entenderse por grupos marginados, pero por fortuna la jurisprudencia y la doctrina se han encargado de elaborar conceptos y características del tema, para que así se pueda identificar de una manera sucinta en el caso concreto, en que eventos se está en presencia de estos grupos. De esta manera uno de los doctrinantes más influyentes en materia de igualdad y no discriminación, tal es el caso de Owen Fiss ha dicho que: “un grupo social es una entidad que tiene una identidad propia, de manera que es posible hablar del grupo, sin necesidad de entrar a hacer referencia particular a cada uno de los miembros que lo componen”. Y como elementos esenciales el autor menciona “Se trata de un grupo que ha estado en una situación de subordinación prolongada y iii) el poder político del grupo se encuentra severamente limitado, bien sea por condiciones socioeconómicas, por haber sido relegados a una posición de clase inferior, o por objeto de “perjuicio” de los demás”.

Para efectos de recoger un panorama que soporte los grupos marginados, la jurisprudencia de nuestra Corte constitucional en numerosas ocasiones ha tutelado los derechos de personas calificados como grupos marginados, y a partir de tales fallos, se tiene hoy día unos criterios más claros y solidos respecto a la identificación de grupos sociales. Por ejemplo la corte ha dado lugar a la protección de derechos de minusválidos, de personas afectadas por enfermedades que causan discriminación, como la lepra o el VIH/SIDA, de sectores marginados por razón de su condición de pobreza extrema, de personas de la tercera edad, y de otros grupos en condiciones de debilidad manifiesta.

Así las cosas, por grupo marginado se entiende una comunidad de personas que se encuentran en una situación de inferioridad en razón de circunstancias físicas, síquicas, de debilidad manifiesta y en general de aquellas personas que suelen ver afectado y limitado el ejercicio y goce de sus derechos fundamentales  respecto de aquellas que gozan de una capacidad plena en el ejercicio y goce de los mismos. Es claro que para llegar hablar de una verdadera justicia, estos es, darle a cada uno lo suyo en virtud de un título de derecho y que por lo tanto le es debido a determinada persona en una relación social, es importarte aquí hacer un llamado a un principio que más que constitucional es inherente a la persona misma, esto es, el derecho y principio de igualdad.

Siguiendo el estudio constitucional, se tiene como fundamento el principio y a la vez derecho de igualdad ubicado en el artículo 13 que se encarga de establecer “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.  A su vez, la jurisprudencia de la corte constitucional ha mencionado mediante sentencia t – 590 de 96 “Del respeto al derecho a la igualdad depende la dignidad y la realización de la persona humana, por eso las normas que otorgan beneficios, imponen cargas u ocasionan perjuicios a las personas en forma injustificada, contrarían el sentido de la justicia y del respeto que toda persona merece”. Como bien se anotó anteriormente, la igualdad se entiende desde principio como una cosa y de derecho como otra.

La igualdad desde una perspectiva de principio es entendida como “La igualdad constituye fundamento insustituible del ordenamiento jurídico que se deriva de la dignidad humana, pues resulta de reconocer que todas las personas, en cuanto lo son, no presentan entre sí diferencias sustanciales. Todas, en su esencia humana, son iguales y merecen la misma consideración, con independencia de la diversidad que entre ellas surge por motivos accidentales como la raza, el sexo, el color, el origen o las creencias”. Bajo este principio, todas las personas somos iguales en todo momento y lugar más allá de las diferencias mínimas y naturales  que se tiene respecto de toda persona, porque resulta obvio que jamás una persona sea igual en todo sentido a otra, siempre habrá algo peculiar en todos y cada uno de los individuos de la especia humana, es por ello que grandes filósofos en la historia han dicho que la persona es una sustancia individual e irrepetible.

Según el postulado de la igualdad, no se deberían presentar los conflictos que se ven hoy día en cualquier ámbito de la vida, desde el rechazo en un colegio hacia determinado estudiante en razón a su forma de vestir, de actuar, etc., hasta en la denegación en el acceso a un trabajo, a la salud, educación y demás mínimos sociales por su sexo ( caso de las mujeres rechazadas que por caer en estado de embarazo son rechazadas o despedidas sin justa causa de trabajo), por su color de piel ( el rechazo de los afro descendientes en cualquier ámbito), por su opinión política ( casos en materia laboral en su etapa de entrevista, y el nuevo aspirante a ocupar determinado cargo pertenece a cierto grupo político diferente de el de la empresa), y por su condición u orientación sexual ( el rechazo que tienen los homosexuales en cualquier campo debido a su condición). Sin duda que la discriminación ha hecho parte fundamental de la historia del ser humano estando presente en todas y cada una de las etapas, y actualmente se evidencia en todos las clases sociales.

En lo que respecta al derecho de igualdad, hay que tomarlo desde el derecho de igualdad en oportunidades para efectos de la temática en desarrollo. Por lo tanto, la corte constitucional mediante Sentencia No. T-624/95 en la cual se dice que  “El concepto genérico de igualdad encuentra uno de sus desarrollos específicos en la llamada igualdad de oportunidades, que, sin desconocer las reales e inmodificables condiciones de desequilibrio fáctico, social y económico en medio de las cuales se desenvuelve la sociedad, exige de la autoridad un comportamiento objetivo e imparcial en cuya virtud, en lo que respecta a las condiciones y requisitos que ellas pueden fijar, otorguen las mismas prerrogativas y posibilidades a todos aquellos que tienen una determinada aspiración”.

Lo anterior, es otro motivo para que el territorio nacional se asiente en un plano de igualdad siguiendo los mandamientos constitucionales y por supuesto naturales, en virtual toda autoridad debe manejar unos criterios objetivos e impropios dejando de lado la subjetividad, y de esta manera se le garantice a toda persona los mismos derechos, oportunidades de acceso a cualquier programas social, a servicios básicos sociales en especial para aquellos que se encuentran en una posición de inferioridad en razón a diversos factores, es donde aún más se les debe garantizar el acceso a determinados mínimos sociales en un estado social derecho.

Es importante resaltar, la función laboriosa de nuestra corte constitucional (creada a partir de la constitución política) y bastante garantista en la protección real y efectiva de los derechos fundamentales radicados en cualquier persona. La jurisdicción constitucional a través de las respectivas facultades constitucionales, se ha encargado de guardar la integridad y supremacía constitucional haciendo un uso debido en las mayorías de sus oportunidades en relación al goce efectivo de los derechos protegiéndolos antes cualquier vulneración realizada por personas naturales o jurídicas que gozan de una prerrogativa social. Sin duda, que la corte constitucional ha sido polémica y aborrecida en su jurisprudencia, tal es el caso de la despenalización del aborto, de la eutanasia, del consumo de dosis personal entre otros fallos proferidos por esta corte.

Sin embargo, es de elogiar a la corte en algunas de sus decisiones haciendo una aplicación real de mecanismos a fin de lograr un horizonte plausible para todos los asociados en aras de perseguir un orden social o bien común en la sociedad. Lo anterior, se refleja en el estudio de la corte que ha efectuado sobre las políticas públicas a la luz de la constitución en lo relacionado al tema en mención. Es por ello que la jurisprudencia de la corte constitucional ha precisado 3 condiciones básicas que debe tener toda política pública orientada a la satisfacción de los derechos constitucionales como: “que la política efectivamente exista; (ii) que la finalidad de la política pública debe tener como prioridad garantizar el goce efectivo del derecho; y (iii) que los procesos de decisión, elaboración, implementación y evaluación de la política pública permitan la participación democrática”.[2]

Con las políticas públicas de por medio y con una elaboración sucinta detallando los programas a desarrollar, sin duda que constituye un remedio fundamental para el recto y buen desarrollo social ayudando a los más necesitados como ordena el el principio de estado social de derecho, en el cual el propio estado debe estar más al servicio de la persona que la persona del mismo. el estado debe socorrer a la persona en todas sus etapas de la vida contribuyendo al mejoramiento de calidad de vida de la población y realizando sus propios fines constitucionales consagrados en el artículo 2 de nuestra carta política “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Siguiendo lo anterior, el estado debe tener como prioridad en todas sus actuaciones a la persona por encima de cualquier cosa promocionando derechos, deberes y principios consagrados en la constitucional nacional.

La corte constitucional interpretando el artículo 13 de la constitución política en beneficio de los grupos tradicionalmente marginados para que de una vez por todas se pueda detener la vulneración de sus derechos y el rechazo social que tienen dentro de la comunidad en razón a las circunstancias ya mencionadas, la jurisprudencia de la corte constitucional ha creado unos mecanismos para brindarles una participación y un libre acceso en la sociedad a cualquier medio sin ninguna limitación, estas son las llamadas acciones afirmativas que tienen por objeto equiparar un nivel de desigualdad notorio en ciertos grupos respecto de su posición en la sociedad a través de obligaciones de hacer por parte del estado, es decir, de desplegar una conducta positiva efectuando diferentes mecanismos de libre participación. Es Así como el artículo 13-2 de la Constitución Política señala como una obligación del Estado la de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptando medidas a favor de grupos discriminados o marginados.

Con las acciones afirmativas, sin duda alguna que dan respuesta a todas las problemáticas en el panorama nacional, a todas las condiciones de vulnerabilidad, a los tratos desiguales injustificados y en general a la numerosa violación de derechos humanos a ciertos grupos, la respuesta estatal están en el despliegue de acciones afirmativas que garantice “el acceso a bienes y servicios básicos en condiciones de no discriminación, (ii) la promoción de la igualdad, y (iii) la atención a minorías étnicas y a grupos tradicionalmente marginados, ya que no puede obviarse que Colombia es un país pluriétnico y multicultural y que buena parte de la población desplazada pertenece a los distintos grupos étnicos, así como tampoco puede olvidarse que dentro de la población afectada un gran porcentaje son mujeres y, bien sabido es que éstas padecen todavía una fuerte discriminación en las áreas rurales y en las zonas urbanas marginales”[3]. La corte refiriéndose al tema de los desplazados en el ámbito nacional establece   “Ciertos desplazados internos, como los niños, especialmente los menores no acompañados, las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia, las personas con discapacidades y las personas de edad, tendrán derecho a la protección y asistencia requerida por su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales”. Sin duda, que la corte constitucional le ha otorgado un tratamiento supremo a la población desplazada en razón a sus condiciones de vulnerabilidad.

Por ello, la corte dice al respecto en la sentencia   Sentencia t – 291 – 09 que “De manera que las diferentes autoridades del Estado están obligadas, cuando se encuentran en presencia de grupos en condiciones de marginalidad y discriminación, a adoptar todas aquellas medidas necesarias para lograr una mayor igualdad sustantiva, incluyendo en sus decisiones tratamientos acordes con tales situaciones. Pasar por alto ese mandato, no contemplando medidas afirmativas a favor de grupos que pueden verse afectados por las decisiones adoptadas, significa quebrantar el derecho a la igualdad, que impone, precisamente, su adopción”.

Es menester, traer a colación algunos tratados internaciones debidamente ratificados por el Estado Colombia y que hace parte del llamado Bloque de constitucionalidad. De esta manera, se tiene como bases internacionales el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales que en su artículo 6 menciona: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”. A su vez, el articulo 7 en su numeral 2 establece “Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad”. Esta parte del mencionado tratado, da muestra una vez más que el acceso al trabajo se debe manejar y promocionar dentro de un marco de igualdad, garantizándole a toda persona un acceso libre, voluntario  y en iguales oportunidades para todos aquellos que deseen la obtención de un puesto laboral.

De la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, del cual también Colombia ha celebrado en debida forma dispone que los estados parte deben adoptar “Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración”. De igual manera, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

De lo anterior, se deja claro todo el cimiento nacional e internacional de los derechos de grupos marginados y las medidas positivas que debe tomar el estado para garantizar el goce efectivo de sus derechos, ya todos son iguales en sociedad y por lo tanto no deben ser susceptible de ningún acto discriminatorio.

En conclusión, a los grupos tradicionalmente marginados se les debe proteger el ejercicio y goce efectivo de sus derechos fundamentales en todas sus formas, teniendo como base el principio y derecho de igualdad de oportunidades, y de esta manera garantizarles a todas aquellas personas un libre y fácil  acceso a cualquier programa social, a servicios básicos sociales en especial para aquellos que se encuentran en una posición de inferioridad en razón a diversos factores, es donde aún más se les debe garantizar el acceso a determinados mínimos sociales en un estado social derecho. Es allí importante, el desarrollo de políticas públicas por parte del estado, que no sea programáticas sino que vaya a la ejecución de la misma  a fin de satisfacer las necesidades actuales y reales de determinados grupos excluidos socialmente. Con todo esto se busca, una verdadera participación de aquellos grupos marginados, el mejoramiento de calidad de vida y el próspero y correcto ejercicio de sus derechos fundamentales observando la constitución política como normas de normas, la ley, y todos los tratados internaciones debidamente ratificados por el estado colombiano en defensa de una amplia carta de derechos.

 

 

 

 

Bibliografía:   

Sentencia t – 291 – 09

CONSTITUCION POLITICA NACIONAL. ARTICULO. 2, 13.

Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.

Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. ARTICULO  6

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ARTICULO 2.

Sentencia t – 590 de 96

Sentencia No. T-624/95

Sentencia t – 291 – 09

http://restituciondetierras.gov.co/media/descargas/pdf_tomo2/etnic/T-602-03.pdf

OTRAS REFERENCIAS:

  1. Eugenio Lahera p., Política y políticas públicas, editorial CEPAL, Santiago de chile, agosto de 2004. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6085/S047600_es.pdf?sequence=1
  2. Aguilar Astorga y Lima Facio: ¿Qué son y para qué sirven las Políticas Públicas?, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, septiembre 2009, www.eumed.net/rev/cccss/05/aalf.htm
  3. Velázquez Gutiérrez, J.M.: Políticas públicas sobre derechos humanos en México, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, marzo 2011, www.eumed.net/rev/cccss/11/
  4. Bazúa, Fernando Valenti, Giovanna, Hacia un enfoque amplio de política pública.
  5. Méndez, José Luis, Elementos teóricos para un análisis de políticas públicas.
  6. Satriano, C. 2006. Pobreza, Políticas Públicas y Políticas Sociales. Revista Mad 15: 60-73
  7. Gustavo, Hernández, El análisis de las Políticas Públicas: una disciplina incipiente en Colombia. Revista de estudios sociales
  8. Orlando, Pulido, Chávez, Política Pública Educativa e Incidencia, Marzo 2011
  9. Katherine Alexandra Burgos Córdoba, José Francisco Moncayo Muñoz, Lizeth Catherine Pérez Jurado: Eficacia de políticas públicas para combatir la pobreza. Comparativo Colombia y Chile
  10. Isabel Ortiz, Política social, 2007.
  11. Discriminación y exclusión indígena: una mirada desde las políticas públicas. http://www.academia.edu/4865690/Discriminaci%C3%B3n_y_exclusi%C3%B3n_ind%C3%ADgena_una_mirada_desde_las_pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas.
  12. Parra Ramírez, Esther, EL ESTADO EN ACCION: LA APLICACIÓN DEL MODELO DE ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS, reflexión Política, vol. 5, núm. 9, junio, 2003, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia.
  13. Juan Guillermo Vieira, ¿Cómo analizar políticas públicas? , 12 de Julio de 2011
  14. Marcos Vera Hernández, Evaluación de políticas públicas,
[1] http://www.disaster-info.net/desplazados/Venezuela/documentos/konrad/recopdh03concepto.htm

[2] Sentencia t – 291 – 09

[3] Sentencia T 684- 11 ( 14 de Septiembre)

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Josegu

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