Política

Condenados A La Muerte

Condenados A La Muerte - Política

En Colombia no paran las muertes de los líderes sociales, el pasado fin de semana dos de ellos perdieron la vida en los departamentos de Norte de Santander y Magdalena. El primero en Hacarí (Norte de Santander) cuando hombres armados y en motocicleta llegaron hasta la vereda El Cedro, en la zona del Catatumbo, y atentaron contra la vida de Wilson Pérez Ascanio, un hombre de 34 años y líder de varios procesos sociales. Por último, la vida de Maritza Quiroz también terminó a manos de hombres armados que la asesinaron en su finca, ubicada en la vereda San Isidro en la Sierra Nevada (Santa Marta).  El terreno en que ocurrieron los hechos había sido otorgado por el gobierno hace un tiempo, pues la mujer fue víctima de desplazamiento forzado. Con estos acontecimientos haciende a seis el número de muertes, en los primeros días del 2019 quedando en evidencia la negligencia del Estado al momento de cuidar a sus ciudadanos en especial quienes corren peligro por gestar acciones para un mejor bienestar en sus comunidades.

 

De acuerdo con el último informe presentado por Indepaz, en coordinación con Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre del  2018 fueron asesinados 226 líderes sociales y defensores de derechos humanos en 112 municipios de Colombia. Los departamentos con más casos registrados son Cauca, Antioquía y Valle del Cauca. La información muestra que en el 2018 se registró un incremento respecto a los últimos dos años, pues en el 2017 se registraron 159 casos y en 2016 hubo 97.

A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional quien en busca de dar un parte de tranquilidad, emitió el decreto 2137  del 2018 el pasado mes de noviembre donde establece el protocolo para la protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas. Este mecanismo contempla la articulación institucional, la actuación estratégica en el territorio y una estrategia de comunicación y capacitación para la prevención. Estas acciones se quedaron en pañales frente a la problemática, porque aún no genera los resultados que debería.

Ojalá las autoridades no se ahorren ningún recurso para salvaguardar la integridad de estas personas quienes en su honesta labor, solo buscan representar sus comunidades y ayudarlas a surgir de ese laberinto en el que se encuentran y del cual les cuesta salir.

Finalmente, esperemos por misericordia de Dios que los grupos armados detengan esta cacería de brujas que se ha convertido, en una barbarie.

 

 

 

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Miguel Silvera

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