Política

El Imperio de la ley



El Imperio de la ley - Política

El conocido como “Imperio de la ley” es el principio democrático más importante de cuantos hay, pues está en la base de todos los demás. Este principio viene a establecer que las leyes, válidamente promulgadas por un Estado, habiendo sido elaboradas por sus representantes legítimamente elegidos, deben de ser respetadas por todos los sujetos miembros de ese Estado, incluyendo a las propias instituciones y aparatos del mismo y, como ya he dicho, este principio está en la base de los demás principios como, por ejemplo, en el de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Sin el debido respeto a este principio toda democracia queda vacía de contenido, pues sin el debido respeto a las leyes, que son la manifestación de la soberanía popular por antonomasia, volveríamos a la época de las cavernas en las que la voluntad de los más fuertes podría imponerse a la voluntad de la mayoría.

Cada cuatro años elegimos a los miembros del Parlamento (Congreso y Senado) que serán nuestros representantes; serán ellos los que elaboren las leyes por las que nos regiremos, y lo hacen en representación nuestra (en representación de los ciudadanos), de ahí que los denominemos “nuestros representantes”. Y muchas veces no estaremos de acuerdo con las leyes que ellos promulguen, porque las mayorías que impondrán su voluntad en el Congreso y en el Senado no tienen que coincidir con aquello que hemos votado; es decir, que cuando aquellos partidos a los que hayamos votado no hayan conseguido el número de escaños suficiente para conformar al Poder Ejecutivo (el Gobierno) quedando, de paso, en minoría en las Cámaras Legislativas (Congreso y Senado) lo que aprueben estas, las leyes que aprueben estas, no coincidirán, en muchas ocasiones, con nuestra idea de lo que se tendría que haber legislado para resolver el problema en cuestión.

Por poner un ejemplo: yo no simpatizo, en absoluto, con las tesis de la izquierda; nunca votaría a un partido de izquierdas porque en todos mis años de vida no he visto un solo país en el que gobiernos de izquierda hayan aportado prosperidad al mismo, sino todo lo contrario (y eso de que los países escandinavos son, o han sido, gobernados por partidos de izquierda, imponiendo políticas económicas de izquierdas con éxito es una falacia, pues nunca en esos países los medios de producción han sido propiedad del Estado; ni este ha dicho lo que hay que producir; ni cómo producirlo; ni a qué precio venderlo…; lo único que han hecho esos gobiernos de izquierdas ha sido establecer una carga fiscal elevada, como forma de redistribuir la riqueza de una forma más equitativa y a eso ha contribuido, también, la naturaleza de por si solidaria de los escandinavos) y en la inmensa mayoría de los temas no coincido con lo que legisla este gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez, y mucho menos con lo que legislaron los anteriores gobiernos socialistas liderados por el funesto José Luis Rodríguez Zapatero; especialmente sangrante me parece todo el tema este surgido a partir de la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica que me parece revanchista, sectaria y, por tanto, irracional e injusta; especialmente grave me parece el tema de la exhumación de los restos del general Franco del Valle de los Caídos, porque soy de la idea de que no hay nada tan cobarde como maltratar al que no se puede defender y esto que se hace con los restos de este hombre es una forma de maltrato. Pero no me queda otra que acatar las necias leyes que unos, cada vez más necios, representantes  aprueban, porque así me lo impone ese principio del “Imperio de la ley”. Pero, cada día, contemplo con estupefacción como líderes políticos, en un ejercicio de suprema irresponsabilidad, ponen en duda este principio cuando no pretenden conculcarlo por momentos, según su conveniencia, y voy a poner un ejemplo, para que se me entienda:

La Constitución española, base de nuestro ordenamiento jurídico desde que, en 1978, los españoles decidiéramos dar el paso hacia una democracia, establece cierta graduación, en función de la importancia de las materias reguladas en ella, en cuanto a los requisitos requeridos para la modificación de las mismas; así para la modificación del artículo que se refiere a “la indivisibilidad del territorio que pertenece al Estado español”, que es un tema de importancia capital, se impone el trámite más arduo, con la exigencia del voto favorable a su modificación de los 2/3 de ambas Cámaras; disolución de las mismas y convocatoria de nuevas elecciones generales y, por último, que las Cámaras resultantes de estas nuevas elecciones, vuelvan a aprobar, con el voto favorable de los 2/3 de las mismas, la modificación aprobada por las Cámaras precedentes.

Por otra parte, tras la aprobación de nuestra Constitución, nuestro ordenamiento jurídico establece la creación de un organismo denominado Tribunal Constitucional, integrado en el Poder Judicial, que vigila el respeto de las leyes aprobadas por el conjunto de las instituciones imbricadas en el Estado (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Cabildos…) a lo dispuesto en la propia Constitución, de tal forma que esas instituciones, en el marco del ejercicio de las competencias que les son propias, pueden legislar pero siempre dentro del respeto a lo dispuesto en la propia Constitución.

De esta forma, cuando, meses antes de la celebración del referéndum, en Cataluña, del 01 de Octubre de 2017, el Tribunal Constitucional es conocedor de la pregunta que se iba a formular en el mismo (“¿Está usted de acuerdo con que Cataluña se constituya como una República independiente del Estado español?”, o algo así), lo declara inconstitucional y lo prohíbe porque la pregunta formulada contraviene, clarísimamente, el precepto anteriormente citado relativo a “la indivisibilidad del territorio que pertenece al Estado español”. Y es aquí cuando se manifiesta esa irresponsabilidad de algunos líderes políticos como Pablo Iglesias que se descuelga con frases tales como “votar siempre es bueno”, “no se puede impedir el derecho que un pueblo a elegir sobre su destino”…y eso lo ha dicho un señor que, cada dos por tres, presume de sus carreras de Derecho y Ciencias Políticas y de las trece matrículas obtenidas a lo largo de las mismas.

Cuando la Policía impide que, en el aeropuerto del Prat, los totalitarios separatistas ejerzan lo que ellos creen “libertad de expresión” coartando muchas otras libertades de otras muchas personas, como el derecho a la libre circulación (o el derecho a la vida de un ciudadano francés que murió tras sufrir un infarto, por no poder ser trasladado a un centro sanitario), que no quieren saber nada de todo este asunto del proceso independentista, ni que les va nada en ello, como es el caso de los ciudadanos de otros países que han venido a España por motivos de trabajo, o a pasar sus vacaciones, lo que hace la Policía es impedir que se vulnere la ley, proteger el Estado de Derecho, el principio del Imperio de la leyy el hecho de que Pablo Iglesias se ponga de parte de los totalitarios y en contra de la Policía es un claro ejercicio de irresponsabilidad, pues viene a lanzar el mensaje a la ciudadanía de que eso de “saltarse las leyes a la torera” está bien; que, siempre que hay un grupo numeroso de ciudadanos, estos podrán hacer su “santa voluntad” al margen de la ley, porque son el pueblo.

Iglesias se ha manifestado, en repetidas ocasiones, contrario a la Constitución vigente, siendo partidario de su derogación con argumentos tan peregrinos como el de que “muchos de los españoles que somos mayores de edad a día de hoy, no la hemos votado” (¿me podría decir el señor Iglesias si él cree que muchos estadounidenses, de hoy en día, han votado su Constitución, que fue aprobada en 1787?, ¿o si cree que muchos italianos, de hoy en día, han votado la suya, que fue promulgada en 1947?, ¿o si cree que muchos alemanes, o franceses, de hoy en día, votaron las suyas, que fueron aprobadas en 1949 y 1958 respectivamente?), aunque fiel a esa incoherencia que le caracteriza, en uno de los dos debates televisados previos a las ultimas elecciones generales, estuvo todo el tiempo, con un ejemplar de la Constitución en la mano, leyendo artículos de la misma, de modo similar a como lo hacía su admirado Hugo Chávez, en muchos de aquellos programas televisados (“Aló Presidente”) con los que ya, en aquellos tiempos torturaba a los venezolanos, o en algunas de sus intervenciones ante la Asamblea Nacional de Venezuela.

Y otro de los demagogos argumentos esgrimidos por Iglesias para renegar de la Constitución se refiere al capítulo segundo en el que se hace referencia a los derechos y libertades de los ciudadanos, y que, según él, al no cumplirse muchos de estos preceptos, como, por ejemplo, aquellos en los que se reconoce el derecho de todos los españoles a tener un trabajo (art. 40: “…De manera especial (los poderes públicos) realizarán una política orientada al pleno empleo”) y una vivienda dignos (art. 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…”) es por lo que queda invalidada. Sin embargo, el señor Iglesias, con su formación jurídica, debe de saber que muchos de tales preceptos no dejan de ser meras declaraciones de intenciones, meras aspiraciones de un Estado que nacía con una nueva forma de régimen político, con muchas ilusiones, pero que, todo aquel “que tenga dos dedos de frente”, entiende que no es algo que un ciudadano pueda exigir al Estado; el ciudadano lo que puede exigir al Estado es que se esfuerce para hacer realidad esas aspiraciones, que promueva las condiciones para hacerlos efectivos, pero que ningún ciudadano puede exigirle al Estado que le provea de una vivienda y de un empleo invocando dichos preceptos; y el señor Iglesias, que, como digo, es conocedor de esto gracias a sus dos carreras y a sus trece matrículas, o debería de serlo, se escuda en estos peregrinos argumentos para defender su idea de que esta Constitución no sirve y hay que aprobar una nueva que sea más de su gusto; el señor Iglesias sabe que esas aspiraciones que se plasman en forma de derechos, para que puedan ser exigibles necesitan de su desarrollo en forma de leyes y reglamentos (art. 53: “1.-Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades.”). Pero como al señor Iglesias no le gusta la actual Constitución porque no es lo suficientemente bolchevique y él quiere acabar, entre otras cosas, con la Monarquía, pues el señor Iglesias esgrime el argumento de que la Constitución miente, a sabiendas de que no es así.

El señor Iglesias es uno que cuando los resultados electorales producidos no son los que a él le hubiera gustado que se hubieran producido, llama a sus partidarios dotados con menos neuronas a tomar las calles para manifestar su desacuerdo,  para desafiar al Imperio de la ley.

De igual modo cuando la expresidenta de la Junta de Andalucía llama a sus afiliados y simpatizantes a manifestarse por fuera de la sede del Parlamento autonómico para manifestar su desacuerdo con la voluntad del pueblo, que es soberano, manifestada en las urnas, está desafiando a ese mismo principio.

Lo mismo ocurre cuando los líderes separatistas lanzan sus arengas buscando inflamar el ánimo de sus adoctrinados seguidores, desafiando al Estado y al mismo principio, al no estar de acuerdo con los mecanismos que nuestro ordenamiento establece para que puedan lograr sus fines y no estar de acuerdo con las sentencias de los tribunales cuando dicta sentencias castigando a aquellos que violen dicho ordenamiento jurídico.

Y todos estos mensajes lanzados por unos líderes políticos irresponsables, y egoístas, que solo buscan alcanzar sus fines sin importarles “los cadáveres que dejen por el camino” son como una fina lluvia que parece que no moja pero que, en realidad, empapa y así crece en los ciudadanos, menos dotados intelectualmente, la idea de que es lícito vulnerar las leyes siempre que el fin sea noble; y como para cada uno de nosotros no hay fin más noble que nuestro propio bienestar, pues crece en esa ciudadanía mentalmente más débil, la idea de que uno puede saltarse las leyes cuando le apetezca.

En 1962 el presidente de los Estados Unidos de América, John Kennedy, expresó con meridiana claridad lo que significa el respeto al principio del Imperio de la ley cuando compareció ante las cámaras de televisión del país para justificar su actuación ante el desafío a las leyes federales (la legislación emanada por la Cámara de Representantes con vigencia en todo el país) que el gobernador del estado de Misissipi había planteado al no querer acatar las disposiciones impuestas para terminar con la segregación racial:

“Los estadounidenses son libres de estar en desacuerdo, o no, con las leyes, pero no de desobedecerlas. Pues este es un gobierno de leyes, no de hombres y ningún hombre, por muy poderoso y prominente que sea y ninguna turba, por más rebelde o turbulenta que sea, tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia.

Si este país llegara al punto de que cualquier hombre, o grupo de hombres, por el uso de la fuerza, o por la amenaza de su uso, pudiera desafiar los mandamientos de nuestros tribunales y nuestra Constitución, entonces ninguna Ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos”.   

Y a la actual situación que se vive en Cataluña se ha llegado por culpa de políticos irresponsables, de izquierdas, siempre, y de nacionalistas, tanto de izquierdas como de derechas, que han enquistado en el cerebro de los menos favorecidos en este aspecto (en el aspecto cerebral) que la voluntad de una minoría manifestada en forma de altercados y de tumultos callejeros puede imponerse a la voluntad de una mayoría manifestada en forma de leyes y de sentencias judiciales.

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Acerca del autor

osiris50

3 comentarios

  • Señor Aicrag, yo, que coincido con casi todos los planteamientos de VOX salvo en el tema de las corridas de toros y la caza, soy partidario de una modificacion de la Constitucion para la supresion de las autonomias, que esta en el origen, bajo mi punto de vista, de la mayoria de los males que aquejan a la España actual (son el escenario de la mayoria de los casos de corrupcion; en ellas campan los nacionalismos a sus anchas, adoctrinando a los jovenes en el odio a España y a todo lo español; fomentan la insolidaridad entre las regiones y las desigualdades entre estas; se genera una duplicidad de administraciones que, en ocasiones, ralentizan los tramites burocraticos; suponen un enorme gasto que el Estado no puede asumir, pues en la España de hoy dia, de cada diez empleos, cuatro son publicos, que son pagados por los otros seis y esto es inasumible…). Si no fuera por el enorme gasto que suponen las autonomias, las pensiones estarian mas que garantizadas y habria dinero para hacer muchisimas cosas mas. Y el argumento que se esgrime, tanto desde la derecha como desde la izquierda, de que son necesarias para reconocer la singularidad de las regiones, es «un cuento chino», pues se siempre se podrian crear organismos dependientes de los ministerios correspondientes desde los cuales podrian defenderse, y fomentarse, esas singularidades dentro de un orden.
    El problema, señor Aicrag, es que todos los partidos tienen «compromisos adquiridos» pues tienen a mucha gente «enchufada» en los diferentes organismos autonomicos (presidentes, consejeros, asesores de los consejeros, diputados autonomicos, asesores de los diputados autonomicos…) y solo VOX que es un partido que, todavia, no tiene muchos de estos tipos de compromisos y es por eso que se atreve a pedir esta reforma, que se recomienda desde Bruselas, desde donde se ha advertido del enorme gasto que suponen las autonomias.
    Pero VOX, con todo eso de que los llaman «fascistas», «ultraderecha»…es el partido mas respetuoso con la ley; es el primero en acudir a los Tribunales para denunciar una situacion que cree injusta; no llama a movilizar a nadie en «alertas anticomunistas», ni realiza escraches…nada de nada, pero tiene el mantra de que es el partido «ultra». Y yo, ni por el lado del feminismo, ni por el tema de la inmigracion…ni por nada de eso que se les atribuye veo motivos para justificar que se les tache de «ultras»; el unico tema que podria justificar eso es su postura ante el revisionismo por parte de la izquierda de lo que fue la II Republica y la Guerra Civil y el papel de Franco en esta ultima y durante su dictadura.
    VOX quiere llevar a cabo esa reforma, y tambien la de la independencia del Poder Judicial que usted ha mencionado antes, pero desde la mas estricta legalidad, cumpliendo con las mayorias necesarias y yendo a unas nuevas elecciones.
    Yo he escuchado a Pablo Iglesias decir que quiere votar una nueva Constitucion, señor Aicrag, y en el marco de esa misma conversacion esgrimia esa razon que ya he expuesto en mi articulo (la de que la gente de su edad, y mas jovenes, no habian votado esta Constitucion) y cuando se alega esa razon se alega en base a una derogacion de la existente para votar una nueva, no para votar la modificacion de algunos articulos; una nueva en la que se proclamaria la Republica, desde luego; volveriamos a la bandera tricolor…
    Gracias por su comentario, señor Aicrag; siempre es un placer debatir con usted. El debatir con gente educada, e informada, enriquece.
    Por cierto, que estaba ayer pensando que, desde hace tiempo, no se nada de la señora realeza ni del señor wallas. Espero que esten bien.
    P.D.: me gusto mucho su relato de la chica del tranvia. Es usted un artista de los relatos cortos.

    • Ciertamente, la señora Realiza está desaparecida, lo último que sé de ella es que me dejó un mensaje privado hace como un mes donde me decía que estaba en Cádiz y que tenía una entrevista con el alcalde Kichi. En cuanto a Wallas, hace poco me dejaba un comentario en el artículo que escribí sobre el marxismo.
      Y quisiera darle las gracias por su mención sobre mis relatos cortos, me honra usted con ello tanto en lo personal como en lo profesional, hay un viejo dicho al respecto que dice algo así como, «uno puede devolver un préstamo de oro, pero está en deuda de por vida con aquellos que son amables.» Y por descontado que yo también aprendo mucho debatiendo con usted. Por encima de las ideologías siempre están las personas, y si estas son inteligentes, no encuentro mejor dicha que compartir con ellas.
      Un placer.

  • Estoy completamente de acuerdo con usted en lo relativo al imperio de la ley, y sobre el modo en que una comunidad debe organizarse. Porque contraponer la legitimidad democrática al principio de legalidad es una defectuosa comprensión de la propia democracia. Tanto el imperio de la ley como el principio democrático son valores fundamentales de una democracia constitucional.
    Los defensores de la secesión apelan erróneamente al principio democrático, como usted bien apunta, alegando la primacía de la voluntad de un pueblo, un ejercicio que según los independentistas se refiere al derecho de la soberanía popular mediante el proceso democrático por medio del voto. Pero, España es un Estado complejo, con diferentes niveles de gobierno, autonomías y Gobierno central, y, lógicamente una mayoría es más legítima que otra como expresión legítima de una unidad indivisible recogida en la Carta Magna. Por lo que la democracia no puede existir sin el imperio de la ley. Pues es la ley la que crea el marco dentro del cual la voluntad soberana puede ser llevada a la práctica. Y lógicamente todas las instituciones democráticas deben reposar sobre este fundamento legal; con la consiguiente rendición de cuentas en caso de atropello de este precepto. Y es indudable que la tesis independentista menosprecia el Estado de Derecho alcanzado con la Constitución de 1978. Hasta aquí conforme con su exposición.
    Por el contrario, discrepo con usted en cuanto a lo que dice sobre Iglesias. Para el líder de Podemos la prioridad consiste en reformar la Constitución, no en escribir una nueva; y son muchas las ocasiones demostrables donde ha reconocido los méritos de la Transición admitiendo que el pacto político de 1978 tuvo muchos elementos positivos, logrando un acuerdo difícil en circunstancias muy complejas. No se trata pues de derogar la Constitución del 78, sino de reformarla. Porque es cierto que la realidad de España es muy distinta hoy, y una revisión de la Ley Fundamental es más que necesaria. Yo no creo que esto sea un ataque por parte de Podemos al régimen del 78, sino más bien una apertura al diálogo y al consenso general.
    Salvo el PP, el resto de partidos, en algún momento, han esbozado un plan de reforma constitucional. Y Podemos lo que quiere modificar de la Constitución son cinco puntos: revisar la ley electoral, eliminar las llamadas puertas giratorias, blindar los derechos sociales, despolitizar la justicia y permitir referendos vinculantes a las comunidades autónomas. Pero, antes de todo esto, los morados quieren preguntar primero a los ciudadanos si están de acuerdo con estos cambios citados. Es decir, convocar un referéndum donde se pregunte a los españoles si apoyan reformar dichos puntos.

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