Sociedad

Exclusión social como deuda

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Exclusión social como deuda - Sociedad

La reinserción social sobre la que se cimentan las prisiones, está ligada de manera necesaria a la idea de que existe la posibilidad de cambio en el individuo. Sin embargo, este cambio se ve afectado por una serie de elementos que lejos de lograr la reinserción, convierten al interno en una víctima más de la exclusión social.  

 

Uno de los factores más importantes que dificultan la reintegración es la masificación que se produce en los centros penitenciarios. Estados Unidos encabeza la clasificación de países con más población penitenciaria, con 730 reclusos por cada 100.000 habitantes. Los parámetros europeos sitúan a  España en el tercer lugar, con 162 presos por 100.000 habitantes.     

 

Esta masificación es consecuencia de que la cárcel se ha convertido en una especie de “cajón desastre” que abarca todo tipo de delitos, todo tipo de personas. Un ejemplo de ello se observa en las cárceles españolas, en las que el 12% de los internos poseen algún problema de salud mental diagnosticado y un 25%, un porcentaje muy superior al de la población normal, lo padecen pero lo desconocen. En muchas ocasiones estos diagnósticos empeoran como consecuencia de la combinación del problema psicológico latente con el consumo de drogas. El gran número de internos por cada una de las prisiones, impide el tratamiento especializado y los recursos que deberían ser asignados a una persona que padece este tipo de enfermedad, así como la atención individualizada que requiere cada uno de los internos; un factor fundamental en el proceso de reintegración social.  

 

A este elemento se suma la exclusión topográfica, pues las prisiones se encuentran alejadas del centro urbano y por lo tanto de la convivencia diaria de la ciudad.                                                                                                                          Este distanciamiento crea un desconocimiento generalizado de los centros penitenciarios y los convierte en una realidad ajena para el resto de los ciudadanos, con el riesgo de que no asuman lo que es; una responsabilidad social. Y es que no se ha de pasar por alto que  la sociedad  genera un modelo de convivencia y de bienestar que excluye a determinados grupos de personas,  y su vulnerabilidad es competencia de la misma.                                                                                                                   El número de internos que cumplen condena por delitos considerados peligrosos por la sociedad, tales como el homicidio o los abusos sexuales,  rondan el 20%. El 80% restante que constituyen la aglomeración penitenciaria  están acusados por delitos menores, en su mayoría relacionados con el narcotráfico; una falta contra la salud pública demandada por la ciudadanía.   

                                                                                                                                                                                             Otra de las consecuencias que produce la lejanía con respecto a este sector de la sociedad, es el gran estigma social contra el que han de luchar al alcanzar el final de sus penas privativas. Una serie de prejuicios que pesan a la hora de integrarse en el mercado laboral y entre sus relaciones  interpersonales y familiares, que les hacen recordar su estancia en prisión.    

 

El fin de la exclusión social que sufren estos colectivos implicaría un nuevo modo de plantear el derecho penal, como el que contempla la justicia restaurativa, la cual a través del trabajo en beneficio de la víctima o de la comunidad trata de ofrecer una alternativa frente a la única respuesta que ofrece la Justicia tradicional ante un delito; el castigo.   Esta teoría persigue no sólo tolerar la presencia del individuo en el seno de la comunidad, sino además contribuir a su reingreso como una persona cooperadora y productiva.

 

Ante este problema diversas organizaciones han tomado parte. Álvaro Crespo, responsable de Cultura en Prisiones de la ONG Solidarios para el Desarrollo,  define el sistema penitenciario actual  como “arcaico y anacrónico” y aunque no presume de poseer el modelo alternativo perfecto a las cárceles, asegura que deberían reinventarse.

Además añade que esta práctica carcelaria “afecta sobre todo al delincuente primario, aquel que destapa la criminalización de la pobreza. Un sistema penal basado en la reinserción se convierte en uno basado en la retribución; lo haces, lo pagas”.  

En la labor que desempeña tanto Solidarios como el resto de organizaciones que trabajan a favor de la reinserción, destacan la sensibilización y el trato al interno como a un futuro ciudadano como los elementos clave en la lucha contra la realidad en la que se encuentran sumido este colectivo; una situación de exclusión social.


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miriam

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