Política

Imputado Fernández de Moya, segundo de Montoro, por malversación y prevaricación

Imputado Fernández de Moya, segundo de Montoro, por malversación y prevaricación - Política

El secretario de Estado de Hacienda de España, José Enrique Fernández de Moya, tendrá que acudir a declarar en calidad de investigado por los delitos de prevaricación, falsedad por pagos con dinero municipal y malversación de caudales públicos mientras era alcalde de la ciudad andaluza de Jaén (España). Además de Fernández de Mora, están siendo investigadas cuatro personas más dentro de la misma actuación policial. Todas ellas, tendrán que declarar el próximo día 5 de junio para hacer frente a las sospechas planteadas, que se iniciaron cuando una denuncia fue investigada y recogida en un informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Las actuaciones judiciales parten del Juzgado de Instrucción Número 2 de Jaén.

SOBRECOSTES EN SERVICIOS MUNICIPALES

Según señala el informe, el actual secretario de Estado y número dos de Hacienda “ordenó personalmente en contra de los informes y reparos de ilegalidad del interventor del consistorio jiennense distintos pagos a la empresa MATINSREG encargada del mantenimiento de las fuentes ornamentales de la capital”. Asimismo, este informe previo pone de manifiesto que “se presentaron facturas falsas, incorporando conceptos y servicios facturados no ejecutados realmente, generando un sobrecoste de considerable gravedad para el ayuntamiento“. Según se desprende de la actuación de la Guardia Civil, los investigados facturaban de forma falsa un gran número de horas de trabajo que realmente no se habían realizado, cargando un sobrecoste de más de tres millones de euros al Ayuntamiento de Jaén. Esta cantidad de horas es muy superior comparada con las que facturaba la empresa IMESAPI, sociedad que estaba encargada de este servicio con anterioridad. La cantidad que está siendo investigada supera los 3,6 millones de euros.

Hay que destacar que la ciudad de Jaén es una de las más endeudadas de España, junto con Parla, Ceuta y Jerez de la Frontera. En concreto, las últimas cuentas auditadas reflejaban una deuda de 3.493 euros por habitante, lo que la sitúa a la cabeza de las poblaciones de más de 100.000 habitantes, teniendo en cuenta la deuda per capita.

EL SEGUNDO DE MONTORO, FERNÁNDEZ DE MOYA, LO NIEGA

Tras conocer su imputación, el secretario de estado de Hacienda negó las acusaciones y ha defendido “su honestidad e integridad personal”, e indicó que la acusación es parecida a otra que archivó la justicia en 2014. “Mi patrimonio es mi honestidad, mi integridad personal y esa no la va a destruir nadie. Afortunadamente vivimos en un Estado de derecho y tendré la oportunidad de defenderme cuando reciba esa citación judicial”, declaró en una rueda de prensa improvisada.

Los representantes de Ciudadanos han pedido la comparecencia urgente de Fernández de Moya en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Por su parte, Podemos, a través de Alberto Garzón, ha exigido directamente su dimisión. Patricia Blanquer, del PSOE se limitó a señalar que la credibilidad y la confianza de las cuentas se ven dañadas por la citación.

Se da la circunstancia de que el secretario de Estado es uno de los principales responsables de los próximos Presupuestos Generales del Estado, que se deberían presentar en las pocas semanas, si el Partido Popular contara con el respaldo suficiente en escaños. El segundo de Hacienda, después de Cristóbal Montoro, debido a su cargo y a la presión extrema que somete el ministerio para el que trabaja a los contribuyentes españoles, debería ser un ejemplo intachable de pulcritud con las cuentas públicas. Entre la ciudadanía española crece un marcado descontento con los casos de corrupción, que han sembrado de vergüenza la vida política desde hace muchos años. Este caso, solo viene a confirmar la irreverente separación de la clase política de los que les eligen, que en muchas ocasiones parecen súbditos.

EXTREMA PERVERSIÓN

Ahora la perversión es todavía mayor, si se demostrase solo una mínima parte de lo investigado, dado que Fernández de Moya es, junto con Cristóbal Montoro, uno de los principales responsables de exigir con inquina la pulcritud de todos con las cuentas del Estado. Se llega a extremos casi feudales y a situaciones kafkianas, como, por ejemplo, cuando Hacienda reconoce un error suyo en una reclamación de cantidad, pero te obliga a pagar primero, para devolvértelo después sin fecha fija, aunque sepan de antemano que es una equivocación por su parte. Si el contribuyente no tiene esa cantidad que se le reclama erróneamente, la multa será superior a lo que se le pedía injustamente. Hay cientos de casos incluso más graves que el comentado, llegando la Hacienda española a preferir cerrar empresas, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, que a dejar de cobrar el mínimo impuesto, por abusivo que sea (recordemos que el propio hecho de trabajar está sujeto a cerca de un 40 % de impuestos por término medio, lo que no parece querer incentivar que todos tengan un trabajo digno). Es por ello, que este caso es de una gravedad extrema y viene a confirmar la cruel injusticia de un sistema de hacer las cosas que parece pensar y beneficiar exclusivamente a unos pocos a costa de la mayoría, que es quien de verdad sostiene al país y a los que no se les dan realmente ninguna oportunidad.

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Acerca del autor

Víctor M Munioz

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