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La importancia de nuestros derechos y deberes ciudadanos: conociendo sus bases en la Constitución Española (I)

La importancia de nuestros derechos y deberes ciudadanos: conociendo sus bases en la Constitución Española (I) - Política

La importancia de nuestros derechos y deberes ciudadanos: conociendo sus bases en la Constitución Española. (I)

Ahora que en España parece que estamos viviendo unos tiempos sociopolíticos extraños (y por asuntos extraños me estoy refiriendo al tema catalán), en donde los medios de comunicación nos bombardean con temas legales, con expertos que hablan de ello, citando leyes tan importantes como la Constitución, conviene que el ciudadano español de a pie se pare un momento para conocer el que se supone es el texto legal fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. El 6 de diciembre de 2018 se cumplirán 40 años desde su aprobación ciudadana en referéndum. Los 169 artículos que la componen son fundamentales para entender el funcionamiento de nuestro Estado, con su aciertos y errores, pero son los 55 primeros los que nos deben interesar a todos porque en ellos están desarrollados nuestros derechos y libertades así como nuestros deberes. En la red podemos encontrar la Constitución sin ningún problema. Podemos leer sus artículos para conocerla. Pero si no tenemos una ligera idea de lo que tenemos delante no lo entenderemos. Para estos casos yo recomendaría conseguir uno de los diversos manuales de derecho que la explican. Pero para no complicarnos mucho, escogería algo más sencillo. Yo lo he hecho así y he conseguido un libro titulado Constitución española explicada.

La parte que más debe interesar al ciudadano, está en el Título Preliminar y el Tïtulo I de la Constitución. Son los 55 artículos fundamentales que establecen las bases de nuestra convivencia democrática y libre. Y si los leemos detenidamente, y tratamos de comprenderlos, encontraremos que la realidad no es siempre tan perfecta como la muestra la CE.

Título Preliminar

El Título Preliminar está compuesto por 9 artículos. En ellos se desarrollan unas ideas generales pero básicas para nuestro desarrollo como sociedad, y en ellos hay un claro intento de ruptura con el pasado de España.

Artículo 1.1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Vivimos en un Estado social, en donde los derechos sociales son fundamentales para nuestro desarrollo. Y esos derechos sociales se refieren a aspectos como la sanidad o la educación, pero también a la justicia y a la igualdad ante la ley. Nuestro Estado es democrático porque somos los ciudadanos los que participamos en las decisiones políticas a través de nuestros votos electorales, pero también es un Estado basado en el Derecho, en las leyes que han establecido los representantes políticos que hemos elegido libremente. Es por ello por lo que el artículo termina diciendo que los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, de nuestras leyes, son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estos cuatro simples conceptos sirven para romper con el pasado antidemocrático y autoritario de España: somos todos libres e iguales, nos guiamos por la justicia, y estamos abiertos a todas las ideas políticas. Que cada cual compruebe si hoy en día en España gozamos de esos “cuatro simples conceptos”. Yo creo que sí.

Artículo 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

La soberanía nacional, un concepto que proviene de la Revolución francesa, del período histórico que rompió con el pasado autoritario, feudal y casi medieval en el que se basaban las sociedades europeas, en donde una pequeña casta de privilegiados hacía y deshacía todo a su antojo, mientras que el pueblo sufría las consecuencias. Ese concepto está presente en todas las Constituciones europeas (o debería estar), porque viene a decir que todo lo que hagan los poderes de un Estado está fundamentado en lo que decida el pueblo de manera democrática. El conjunto de la ciudadanía española, el pueblo español, tiene el poder absoluto (o debería tenerlo). ¿Se cumple esto al pie de la letra? Es muy discutible.

Artículo 1.3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Decidimos (o decidieron) los españoles en el año 1978, que nuestra forma de Estado sería una Monarquía parlamentaria. Un estado con Monarquía, pero basada en la democracia parlamentaria. En la práctica la Monarquía no tiene ningún peso democrático en nuestra sociedad. No vivimos en una época feudal en donde el Rey o la Reina ostenta todo el poder. De ser así, los artículos 1.1. y 1.2. no tendrían sentido alguno. Pero aún así, muchos todavía consideran que la Monarquía, sin peso pero con una serie de privilegios, no tiene ninguna utilidad en una sociedad moderna. Es otro de los eternos debates de la sociedad española: ¿Monarquía o República? En cualquier caso, para cambiarlo, habría primero que reformar la Constitución.

Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Probablemente sea uno de los artículos constitucionales más conflictivos de todos. Por un lado asegura que nuestra Constitución está fundamentada en la unidad del Estado, es decir, que la Constitución tiene su valor en el conjunto indivisible del Estado. Pero por otro lado reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las “nacionalidades” y regiones. Lo que entiendo que quiere decir es que asumimos que vivimos en un Estado único e igual para todos, pero reconociendo autonomías dentro del mismo. Podría ser la base del famoso Estado de las Autonomías, ese que tanto bien y mal (según se mire) ha hecho para el desarrollo de la democracia en España. ¿Vivimos en un Estado autonómico solidario? Otra fuente de discusión.

Artículo 3.1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Artículo 3.2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos

Artículo 3.3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Una de las bases de cualquier nación es su lengua. La forma de comunicación de un conjunto de personas que viven en sociedad. En España asumimos que tenemos una diversidad lingüística muy rica (pero otros países también la tienen). Y queda reflejada en la Constitución. El castellano es la lengua que todos compartimos. Nuestro deber es conocerla, pero queda claro que no se obliga a nadie a usarla. Deja claro también que es un derecho individual que debe ser respetado. Además, señala que esa riqueza lingüística es parte de nuestro patrimonio cultural (del de todos), y que se respeta y se protege. La realidad es bien distinta y es muy curiosa. En España parece que hemos asumido que esta riqueza lingüística es una forma de enfrentamiento cultural. El artículo desarrolla legalmente los fundamentos lingüísticos de nuestra sociedad. Y aún así seguimos teniendo discusiones, desde todas las partes implicadas.

Artículo 4. 1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

Artículo 4.2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Otra de las fuentes de conflicto o discusión, las banderas. La Constitución deja claro algunos conceptos, como la forma de la bandera española, y la disposición de las mismas en los edificios y actos oficiales. Existe una ley que desarrolla aún más este artículo, pero es evidente que establece los procedimientos oficiales. Pero siguen habiendo discusiones,…por unas banderas.

Artículo 5. La capital del Estado es la Villa de Madrid.

Por una vez no hay nada que discutir y todo está claro, ¿no?

Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Uno de los artículos que desarrollan los llamados valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico: el pluralismo político. Todas las ideas políticas son libres, dentro del respeto a las leyes. En España podemos expresar nuestras ideas políticas e incluso formar partidos políticos para participar en la sociedad. El problema viene cuando se desarrollan internamente esos partidos. ¿Son verdaderamente democráticos? ¿Es democrático elegir a dedo al líder de un partido? Al menos el artículo rompe nuevamente con el pasado. A partir de 1978 todas las ideas políticas están abiertas en nuestra sociedad, y están al servicio de la participación política de los ciudadanos. Aquí también podríamos poner “peros”, porque en la práctica los partidos políticos solo permiten nuestra participación cuando más les conviene. Está en nuestra mano que este artículo se cumpla al “pie de la letra”.

Artículo 7. Los sindicatos y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Los sindicatos y las organización empresariales son necesarios y útiles en nuestra sociedad (o deberían serlos). En la defensa y promoción de sus propios intereses contribuyen al desarrollo social conjunto (o debería ser así). Son libres (en la dictadura solo habían sindicatos “oficiales”), y ello es síntoma democrático de nuestra sociedad. Al igual que con los partidos políticos, su funcionamiento debería ser democrático (¿realmente lo es?). Se financian con recursos propios pero también a través de las subvenciones que reciben. Yo me quedo con la observación que aparece en el manual que me sirve de guía: reciben subvenciones independientemente de si cumplen o no con su fines sociales y económicos. Nuevamente, en nuestra mano está en cambiar esto.

Artículo 8.1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Artículo 8.2. Una Ley Orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.

He aquí el artículo que fundamenta la existencia de un cuerpo militar en nuestro país. Garantizan que la soberanía, esa que recae en el pueblo, se cumpla. Y garantizan además que la Constitución se cumpla. Que sea necesaria una fuerza militar es discutible, pero sus funciones son bastante claras.

Artículo 9.1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Todos iguales ante la ley, y todos sujetos a ella. Hemos decidido basarnos en una serie de leyes, en donde la justicia se encarga de que se cumplan, y por tanto, todos estamos sometidos a ella.

Artículo 9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

El artículo 1.1. recogía que en nuestra base jurídica como sociedad estaban la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El artículo 9.2. evidencia que los encargados de que eso sea así son los poderes públicos. Deben crear las condiciones necesarias para que eso sea así. Y deben eliminar los obstáculos que lo impidan. Que además faciliten que los ciudadanos participemos en la vida política, económica, cultural y social, son síntomas de apertura democrática. Nuevamente, la realidad puede distar mucho de lo que el “papel dice”. Pero a grandes rasgos no estamos tan mal en términos de libertad e igualdad. ¿O sí?

Artículo 9.3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Los artículos contenidos en el Título Preliminar son muy importantes, pero probablemente el más importante sea este 9.3., porque es el que garantiza que lo que dice la Constitución sea efectivo y basado en la justicia. Para empezar garantiza el principio de legalidad, es decir, que el desarrollo de la sociedad se realice en base a las leyes. Todo lo que está fuera de la ley, no puede ser parte del desarrollo social. La jerarquía normativa establece que hay un orden en el amplio ordenamiento jurídico. Ninguna ley podrá contradecir a otra. Y esto se establece mediante una jerarquía, es decir, lo que digan unas leyes prevalecerá sobre lo que digan otras. La publicidad de las normas es fundamental. Las leyes se dan a conocer mediante los instrumentos que se han creado para ello, como los Boletines Oficiales. Es necesario que los ciudadanos conozcan las leyes que están establecidas para que las cumplan. Y esos instrumentos son los que sirven para darlas a conocer.

Cuando los poderes públicos crean nuevas leyes, y estas son aplicadas, hay algo que no puede darse. Las leyes no pueden perjudicar los actos pasados de los ciudadanos, no se aplican irretroactivamente cuando esto perjudique a los derechos individuales de la persona. Esto es fundamental para que no seamos siempre juzgados y penados por lo que hemos en el pasado. La seguridad jurídica nos garantiza que las leyes se apliquen. Recordemos que la justicia es uno de los valores fundamentales del ordenamiento jurídico. Por último, y muy importante, la responsabilidad y la interdición de la arbitrariedad de los poderes públicos, es clave para un correcto desarrollo de la justicia y de la propia sociedad. Los poderes públicos son responsables de sus decisiones y actos y se garantiza que estos no se apliquen de manera arbitraria. Así que cuando, por ejemplo, el político de turno “mueve los hilos” para beneficiar a “los amigos”, tendrá que hacerse responsable de sus actos ante la justicia. Por fortuna en España no suelen darse este tipo de situaciones.

Continuará…

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Acerca del autor

perher

3 comentarios

    • Es la base de nuestra convivencia entre regiones diferentes. Para mí la clave está en “reconoce y garantiza…la solidaridad entre todas ellas”, algo que en mi opinión, no se está dando (o casi nunca se ha dado). Gracias por leer este “tocho”.




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      • Efectivamente, esa segunda parte del articulo es la clave, ya que reconoce la existencia de singularidades regionales y garantiza protección. Cuando los políticos hablan, como si se tratara de una novedad, del “hecho diferencial” o de la “plurinacionalidad”, parece que ignoran el contenido de este articulo. La Constitución Española necesita ser reformada en algunos aspectos, pero el Articulo 2 debe permanecer intacto.




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