Sociedad

La Objeción De Conciencia

La Objeción De Conciencia - Sociedad

 

INTRODUCCIÓN

A pesar uno de los derechos más importantes en un Estado Constitucional Social y Democrático de Derecho, el Derecho fundamental a la objeción de conciencia en punto de la función pública, choca con otros derechos en la medida de que se presentan conflictos entre el particular que reclama la solución de un situación jurídica reconocida y del funcionario público que actúa en razón a su conciencia apartándose de las normas.

Para la solución de este conflicto se debe profundizar en la naturaleza de la objeción de conciencia, diferenciándolo de la desobediencia civil,  logrando así tener un concepto de este Derecho;  para poder analizar diferentes perspectivas en punto de jueces y demás funcionarios públicos, así como el estudio en Derecho comparado y el conflicto de derechos que se presenta en estos mismos, llegando así a la conclusión de este escrito.

Por último se destaca que el fin del presente trabajo es demostrar el límite de la objeción de conciencia en razón de los funcionarios públicos y en especial de los jueces.

 

 

TABLA DE CONTENIDO

 

  1. Concepto de Objeción de Conciencia:

1.1 Diferencia entre Objeción de Conciencia y Desobediencia Civil

1.2 Definición Legal

1.3 Definición Jurisprudencial

1.4 Definición Doctrinal

  1. Objeción de Conciencia y Servidores Públicos

2.1 Generalidades

2.2  Conflicto de Derechos

2.3 Legitimación de la objeción de Conciencia en Funcionarios Públicos:

2.4 Objeción de Conciencia Judicial en el Derecho Comparado

  1. Objeción de Conciencia y Excepción de Inconstitucionalidad.
  2. Conclusión

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECIÓN DE CONCIENCIA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

 

  1. Concepto de Objeción de Conciencia:

1.1 Diferencia entre Objeción de Conciencia y Desobediencia Civil

Una de las grandes confusiones que existen en cuanto a la objeción de conciencia, se da en su similitud con la desobediencia civil, que para algunos autores es lo mismo, para otros tienen diferencias fundamentales.

En primer lugar se debe aclarar que estos obedecen a un incumplimiento de un deber legal, y se diferencia en que uno tiene una consecuencia jurídica y el otro no,  es así que la objeción de conciencia no acarrea para el individuo una sanción, pero si para un individuo el hacer uso de la desobediencia civil de carácter político, como afirma Monica Roa[1], en su texto:

“sólo la objeción de conciencia está prevista y permitida por la ley, y por lo tanto no conlleva una sanción legal. Mientras la desobediencia civil tiene un carácter eminentemente político, la objeción de conciencia tiene un contenido privado, donde se reconoce la legitimidad del mandato legal pero se busca un tratamiento excepcional alegando afectación a la esfera personal más íntima: la conciencia”[2]

De mismo modo otros autores como Peces Barba considerar la desobediencia civil como el género y la objeción de conciencia la especie, pero esta especie no es propiamente una desobediencia, ya que esta última es “(…)  regulada por el Derecho, con lo cual deja de ser desobediencia para ser un Derecho subjetivo o una inmunidad y supone una excepción a una obligación jurídica, que puede ser, incluso, fundamental”[3]

Ya sea por su consecuencia jurídica o regulación jurídica, existen diferencias entre la objeción de conciencia y desobediencia civil que aunque no hacen parte integral del estudio, son necesarias destacar para evitar confusiones.

1.2 Definición Normativa

Debe aclararse que la objeción de conciencia se encuentra en el artículo 18 y menciona:

“ARTICULO 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.”[4]

De lo que se infiere que es un Derecho Fundamental que permite limitar una obligación ya sea legal, reglamentaria, administrativa, entre otras, por el hecho de no poder actuar en contra de su conciencia.

De igual forma, el desarrollo de este artículo ha sido meramente jurisprudencial, por cuanto no existe una ley que en sentido estricto lo reglamente.[5]

1.3 Definición Jurisprudencial[6]

En un Estado Constitucional Social y Democrático de Derecho, existen límites al ejercicio del poder[7], en donde se destacan los derechos fundamentales que hacen parte de la orbita de autonomía del ser humano.

La objeción de conciencia es un Derecho Fundamental, que pone en conflicto un deber legal, contra una máxima de orden moral, que hace parte de la conciencia del individuo, como afirma la corte al decir:

“La objeción de conciencia ha sido definida como la resistencia a obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que impide sujetarse al comportamiento prescrito, por lo que la objeción de conciencia supone la presencia de una discrepancia entre la norma jurídica y alguna norma moral”[8]

Por ello la objeción de conciencia guarda una estrecha relación con la libertad de pensamiento, la libertad religiosa y  la libertad de conciencia[9].

Pero este Derecho no es absoluto ya que tiene ciertas limitaciones, porque si fuese absoluto no existirían razones para que los sujetos de un Estado cumplan la ley[10].

En conclusión es un Derecho estrictamente ligado al ser humano y su relación con el Estado, permitiendo dejar de lado un deber legal y prevalecer una norma moral, siempre y cuando se cumplan con los fines del Derecho y no abusar del mismo.

1.4 Definición Doctrinal

Peces Barba considera que en la objeción de conciencia, existen argumentos de carácter moral que permiten dejar de lado la obligación y que estos son de tal magnitud que podrían ser aplicados a mas personas y no únicamente a una, es decir, que estos argumentos deben ser realmente convincentes y no superfluos.

“(…) frente a.la obligación jurídica se excepciona por razones justificadas de carácter moral, de tal manera que se considera razonable que aquellos que se encuentren en una situación de conciencia, no exclusivamente subjetiva sino con posibilidades de convertirse en Ley moral universal”[11]

Así mismo afirma que existen tres características de la objeción de conciencia las cuales son:

“1) La objeción de conciencia supone la regulación jurídica de la exención del cumplimiento de una obligación jurídica fundamental (prestación del servicio militar) o de una obligación jurídica ordinaria, normalmente derivada de las relaciones laborales o funcionariales (contrato de trabajo o estatuto de funcionario).

2) Los obligados a consentir esa objeción de conciencia son los poderes públicos, pero también pueden serio los particulares, en su caso.

3) La objeción de conciencia se plantea siempre frente a una prestación personal.”

De lo cual se infiere que este Derecho no solo se aplica en ámbito de relación con el Estado sino con particulares, como se puede dar en relaciones laborales o en instituciones educativas.

  1. Objeción de Conciencia y Servidores Públicos

2.1 Generalidades:

Uno de los principales problemas en torno a la objeción de conciencia se da en torno al ejercicio de ese Derecho por parte de los funcionarios judiciales.

Es necesario destacar los siguientes artículos de la constitución:

“ARTICULO 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones” (subrayado fuera de texto)

“ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.”[12] (Subrayado fuera de texto)

“ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. (…) ” (Subrayado fuera de texto)

De los artículos anteriores se debe destacar, que los jueces al ser funcionarios públicos responder por extralimitación de sus funciones y que estas deben estar detalladas en la ley o reglamentos, y solo pueden fallar bajo el imperio de la misma, teniendo como criterios auxiliares la equidad justicia, principios generales del Derecho y doctrina.

Por lo cual se establece que los funcionarios públicos y en especial los jueces, no cuentan con total autonomía sobre el ejercicio de su función, ya que este servicio es prestado por ellos en representación del Estado, por lo cual lo que hagan está reglamentado, es decir, que solo pueden hacer lo que la norma dice que pueden hacer, mas no en la lógica de un establecimiento privado en donde el gerente puede hacer con el establecimiento lo que desee siempre y cuando no vaya en contra de la ley o afecte Derechos de terceros.

Es por esto que a prima facie el juez no responde a criterios individuales sino en razón de su función pública; pero, teniendo en cuenta el juez como persona que desempeña una labor, no pueden ser vulnerados sus derechos fundamentales de ningún modo.

Al servidor público, como a toda persona, deben garantizársele sus derechos, sin importar el cargo que ocupen, y más si consideramos el Derecho a la objeción de conciencia como un Derecho fundamental de aplicación abstracta, por cuanto no se limita a una activad especifica como el servicio militar, sino a todas aquellas situaciones en donde el deber legal se anteponga a la conciencia de la persona, lo que podría darse en la función judicial o cualquier otra función pública.

2.2 Conflicto de Derechos

Como se indico en el punto anterior el problema de la objeción de conciencia en los servidores públicos y en especial de los jueces surge en el conflicto de derechos de las personas que intervienen en la situación jurídica, como afirma la corte al decir:

“El problema surge cuando la exteriorización de las propias convicciones morales con el propósito de evadir el cumplimiento de un deber jurídico interfiere el ejercicio de los derechos de otras personas. Dicho en otros términos: cuando con el ejercicio de la objeción de conciencia se obstaculiza el ejercicio de los derechos de terceras personas, entonces el asunto se convierte en un problema de límites al ejercicio de derechos fundamentales, esto es, ‘en un problema de colisión entre el derecho individual y los valores y principios, derechos o bienes protegidos por el deber jurídico”[13](subrayado fuera de texto)

De lo cual se infiere que existe un límite importante en la objeción de conciencia que se da en función al numeral 1 del artículo 95 de la constitución política de 1991[14], la cual se da en relación a los derechos de los demás.

De mismo modo no puede ser esta incógnita, un asunto netamente académico y debe tener sentido práctico, es así que  en palabras de Edgardo Villamil Portilla:

“(…) lo primero que debe advertirse es que el asunto sometido a controversia judicial no puede quedar sin solución, pues el ciudadano que ha elevado el reclamo no puede recibir el silencio como respuesta (…)” [15]

Así mismo el profesor marca que existe conflicto de dos derechos el de la administración de justicia y el Derecho alegado por el accionante, ya que la objeción de conciencia del juez se da en la medida de darle tramite a un proceso [16], en especial uno que esta explícitamente reconocido.

De igual manera, se afirma que si el juez considera que la acción invocada ante él, viola valores superiores debe hacerlo en el momento de fallar, más no la objeción de conciencia para evitar el trámite,  al decir:

“(…) si esa es la manera en que concibe los valores que la sociedad debe practicar en este momento de la historia debe hacerlo, a menos que use el pretexto de la objeción de conciencia para no tomar el riesgo de ser investigado, por ejemplo, por prevaricato. En el juzgamiento de este podría plantear sí la objeción de conciencia para justificar porque negó la autorización”[17]

Sin dejar de lado la obligación del juez de fallar, en su deber constitucional jurídico y ético, puesto que este representa al poder judicial, ya que “(…) un juez que asume funciones como tal, profesa de antemano el deber de obediencia al Derecho y ello le impone el deber de decidir, no importa el choque del ordenamiento jurídico con sus propios valores” puesto que si los considera superiores puede hacerlo en torno a la sentencia, mas no negar el debate en la solución de la situación jurídica.

La Corte Constitucional ha recalcado en varias sentencias la imposibilidad de que un juez  pueda dejar de cumplir sus funciones en punto de la objeción de conciencia, mencionando:

“La objeción de conciencia es un Derecho que se garantiza de modo extenso en el campo privado – cuando no está de por medio el desconocimiento de derechos de terceras personas -. No obstante, queda excluido alegarla cuando se ostenta la calidad de autoridad pública. Quien ostenta tal calidad, no puede excusarse en razones de conciencia para abstenerse de cumplir con sus deberes constitucionales y legales pues con dicha práctica incurriría en un claro desconocimiento de lo dispuesto en los artículos 2º y 6º de la Constitución Nacional”[18]

Además recalca el compromiso contraído por los jueces al momento de aceptar el cargo, puesto que este “(…) se acepta voluntariamente ostentar la calidad de autoridad judicial e, incluso, cuando en calidad de particulares se asumen compromisos que implican el ejercicio de la actividad jurisdiccional, una de las consecuencias, si no la más importante, es el compromiso de velar por el estricto cumplimiento de la normatividad vigente”[19]

Recordando que estas funciones no se adquieren de manera obligatoria y están a voluntad de aceptar el cargo, el compromiso de cumplir los reglamentos y la ley, son inviolables, y se enmarcan dentro de el ejercicio de una función pública.

2.3 Legitimación de la objeción de Conciencia en Funcionarios Públicos:

La Corte Constitucional en sentencia T-338-09 establece que solo puede interponer la objeción de conciencia quien está directamente relacionado con la conducta, por ello en el caso de la objeción de conciencia por un aborto, solo puede ser realizada por el médico, mas no por los que prestan servicios accesorios como instrumentación, rehabilitación o demás, al decir:

“(…) la Sala deja en claro que la objeción de conciencia se predica del personal que realiza directamente la intervención médica necesaria para interrumpir el embarazo. Contrario sensu, no será una posibilidad cuya titularidad se radique en cabeza del personal que realiza funciones administrativas, ni de quien o quienes lleven a cabo las actividades médicas preparatotias de la intervención, ni de quien o quienes tengan a su cargo las actividades posteriores a la intervención.”[20](Subrayado fuera de texto)

En segundo lugar se establece la individualidad del Derecho, es decir que este no es colectivo y mucho menos institucional, lo que en la sentencia mencionada confirman al decir:

“Resulta pertinente recalcar que las personas jurídicas no son titulares del derecho la objeción de conciencia y, por tanto, a las Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud no les es permitido oponerse a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo

(…)

Sólo es posible reconocerlo a personas naturales, (…) En efecto, el ejercicio de la objeción de conciencia no se asimila a la simple opinión que se tenga sobre un asunto; por el contrario, son las más íntimas y arraigadas convicciones del individuo las que pueden servir como fundamento para el ejercicio de este derecho.”[21] (Subrayado fuera de texto)

En tercer lugar, no puede ser una autoridad judicial, concordante con el subtitulo anterior.

En cuarto lugar, que no afecte a terceros, y se encuentre dentro de los limites.

Por lo cual un servidor público (persona natural) podría hacer uso de objeción de conciencia en sus funciones, siempre y cuando esta sea justificada, no afecte a terceros, y este dentro de los límites dispuestos en ese Derecho.

2.4. Objeción de Conciencia Judicial en el Derecho Comparado

En España al igual que en Colombia, los jueces no pueden hacer uso de la objeción de conciencia para evitar tramitar procesos, debido a que estos cumplen una función jurídica, el Tribunal Constitucional considera, al estudiar el caso de un juez que hizo uso del Derecho mencionado en una matrimonio homosexual, lo siguiente:

“A un juez encargado del Registro Civil no se le exige el cumplimiento de deberes ajenos a su función registral, ni mucho menos participar en actos de trascendencia religiosa. La labor que debe realizar es de carácter técnico-jurídico y está prescrita en la ley. Por tanto, ni desde el punto de vista fáctico ni desde el doctrinal cabe hablar de precedente aplicable a este supuesto”[22]

En Italia, el juez  no puede objetar su deber, debido al cumplimiento de su obligación legal, así como en el caso de los jueces tutelares de menores, y deben guiarse únicamente a los requisitos exigidos por la ley:

“Es también el caso, más delicado aún, de los jueces tutelares de menores: la ley excluye la objeción de conciencia del juez que debe dar su asentimiento si se cumplen los requisitos para que una menor o discapacitada mental pueda abortar, bajo el motivo de que su intervención no es una decisión sino la declaración de un hecho”[23]

En México, existen circunstancias muy concordantes a las colombianas como afirma el profesor Jaime Allier Campuzano:

“Los jueces son funcionarios y representantes del Estado, y, como tales, están siempre sometidos a la Constitución y a la ley; de ahí que el cumplimiento de estas últimas debe estar por encima de sus creencias éticas y religiosas. La única posibilidad para que dejen de conocer de un asunto, con motivo de esas creencias, es la dimisión o renuncia”[24]

En el mismo sentido menciona que los artículos 100, 128 y 130 de la constitución española lo impiden puesto que hablan de la objetividad del juez, su obligación al momento de aceptar el cargo y la no inferencia de temas religiosos en sus decisiones.

  1. Objeción de Conciencia y Excepción de Inconstitucionalidad.

Es evidente después de lo analizado, que el juez pueda hacer uso de la objeción de conciencia y es por ello que se afirma que este debe dar trámite a la acción que se le solicita y que por miedo a ser juzgado, no desea hacerlo y prefiere objetar.

Puede este fallar el asunto, teniendo en cuenta su convicción, pero esta no puede estar fundamentada en otra cosa que lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política de 1991  y es solo a través de esta que el juez puede fallar de según su convicción, mientras se justifique con lo impuesto por nuestra carta política

Esta herramienta va de la mano con las reglas de la sana crítica y la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, lo que destaca la autonomía del juez.

  1. Conclusión

La objeción de conciencia es un Derecho fundamental, que permite a la persona natural apartarse del cumplimiento de una norma, siempre y cuando no afecte a terceros, sea de manera directa y no se trate de un juez.

Es razonable que un juez no pueda hacer uso de este Derecho, puesto que se encuentra investido de una función pública, además está actuando ante un compromiso realizado, y no ante un cargo impuesto.

Aunque un juez no pueda hacer uso de este Derecho para no dar trámite a un proceso, esto no implica per se una violación a su Derecho de igualdad, puesto que no se encuentra en la misma situación que cualquier ciudadano; en razón a que hace parte de la rama judicial y administra justicia, y por ser tan importante esta función del Estado, se encuentra reglada.

De  igual manera el juez no sufre violación de otros derechos, en  materia de su  prohibición al ejercicio de objeción de conciencia en su función de juez, puesto que está dotado de herramientas como la excepción de inconstitucionalidad y la sana critica, la prevalencia del Derecho sustancial, respetando así su autonomía y sus derechos.

El Derecho comparado es concordante a reconocer este Derecho y al limitar a los jueces en el ejercicio del mismo, prevaleciendo el Derecho a la administración de justicia o reconocimiento de derechos.

Ahora bien desde la perspectiva de los funcionarios públicos en general, tendrían la misma limitación que los jueces pero podría prosperar el ejercicio de esta acción si se cumplen los requisitos de legitimación mencionados anteriormente, puesto que dependiendo de la naturaleza del servicio público esta prospera, como el caso del médico que debe practicar el aborto o un inclusive si un presidente se posesionaria y no jure ante dios como lo dice el artículo 192 de la Constitución.

 

BIBLIOGRAFÍA

Allier Campuzano (s.f), Improcedencia de la Acción de Tutela Planteada por un Juzgador, consultado el 26 de marzo de 2013, en http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/33/02%20JAIME%20ALLIER%20CAMPUZANO.pdf

Caracol Radio, http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/los-jueces-no-pueden-alegar-objecion-de-conciencia-para-negar-el-tramite-de-tutelas/20060831/nota/326945.aspx

Corte Constitucional Sentencia T-388-09

 

Corte Constitucional Sentencia C-728-09

 

Observatorio de Bioetica (s.f), Tratamiento Jurídico De La Objeción De Conciencia Sanitaria, consultado el 28 de marzo de 2013 , en http://www.observatoriobioetica.com/farma/conciencia/art8.pdf

 

Peces Barba (s.f) , Desobediencia Civil y Objecion de conciencia, consultado el 25 de marzo de 2013, en http://orff.uc3m.es/bitstream/10016/10385/1/desobediencia_Peces_ADH_19881989.pdf

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http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html

 

PROYECTO DE LEY 136 de 2011, http://www.maritzamartinezaristizabal.com/proyecto-de-ley-136-de-2011-senado-objecion-de-conciencia-en-el-servicio-militar-obligatorio/

Roa Mónica (2010) La objeción de conciencia en el aborto, escudo, no espada , consultado el 25 de marzo de 2013,

en  http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/1451-la-objecion-de-conciencia-en-el-aborto-escudo-no-espada.html

 

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Villamil Portilla E. (s.f), Objeción De Conciencia Planteada Por Un Juez , consultado el 28 de marzo de 2013, en: https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.docentes.unal.edu.co%2Fevillamilp%2Fdocs%2FObjeci%25F3n%2520de%2520conciencia%2520judicial.doc&ei=JdhgUeq2OoHG9gS88IHQAg&usg=AFQjCNFyU6DgsJcOsFB4SWg5GLpVO2yQtw&sig2=jWIlOu64ZJ96Fs3SLAnZWQ&bvm=bv.44770516,d.eWU

 

 

[1] Basado el artículo del Profesor de bioética Bernand Dickens de la Universidad de Toronto, «Conscientious Objection: A Shield or a Sword?» in S.A.M. McLean, ed. First Do No Harm: Law, Ethics and Healthcare 2006.

[2] Roa Mónica (2010) La objeción de conciencia en el aborto, escudo, no espada , consultado el 25 de marzo de 2013,

en  http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/1451-la-objecion-de-conciencia-en-el-aborto-escudo-no-espada.html

[3] Peces Barba (s.f) , Desobediencia Civil y Objecion de conciencia, consultado el 25 de marzo de 2013, en

http://orff.uc3m.es/bitstream/10016/10385/1/desobediencia_Peces_ADH_19881989.pdf

[4] Secretaria Senado (s.f), Constitución Política de 1991, consultado el 26 de marzo de 2013, en :

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html

[5] Aunque existen proyectos de ley que pretenden regularlo, en especial con la objeción de conciencia de funcionarios del sector salud, revisar http://www.maritzamartinezaristizabal.com/proyecto-de-ley-136-de-2011-senado-objecion-de-conciencia-en-el-servicio-militar-obligatorio/

[6] Debido a que el fin de este trabajo es desarrollar las incógnitas dadas por el profesor, no extenderemos el tema sino estableceremos los parámetros clave del concepto jurisprudencial

[7] T-388-09

[8] C-728-09

[9] Ibíd.

[10] T-388-09

[11] Peces Barba (s.f). Óp. Cit.

[12] Secretaria Senado (s.f.) Óp. Cit

[13] C-728-09

[14] (…) Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios (…)

[15] Villamil Portilla E. (s.f), Objeción De Conciencia Planteada Por Un Juez , consultado el 28 de marzo de 2013 https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.docentes.unal.edu.co%2Fevillamilp%2Fdocs%2FObjeci%25F3n%2520de%2520conciencia%2520judicial.doc&ei=JdhgUeq2OoHG9gS88IHQAg&usg=AFQjCNFyU6DgsJcOsFB4SWg5GLpVO2yQtw&sig2=jWIlOu64ZJ96Fs3SLAnZWQ&bvm=bv.44770516,d.eWU

[16] El ejemplo más marcado, es en la negación de darle tramite a una tutela que busca que le sea aplicado el aborto a una mujer, como se puede ver en: http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/los-jueces-no-pueden-alegar-objecion-de-conciencia-para-negar-el-tramite-de-tutelas/20060831/nota/326945.aspx

[17] Villamil Portilla (s.f) Op. Cit.

[18] T-338-09 Óp. Cit

[19] Ibíd.

[20] Ibíd.

[21] Ibíd.

[22] Observatorio de Bioetica (s.f), Tratamiento Jurídico De La Objeción De Conciencia Sanitaria, consultado el 28 de marzo de 2013 , en http://www.observatoriobioetica.com/farma/conciencia/art8.pdf

[23] Ibíd.

[24] Allier Campuzano (s.f), Improcedencia de la Acción de Tutela Planteada por un Juzgador, consultado el 26 de marzo de 2013 , en http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/33/02%20JAIME%20ALLIER%20CAMPUZANO.pdf

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