Política

La sentencia del procés catalán



La sentencia del procés catalán - Política

Los acontecimientos se les han ido de las manos tanto al gobierno del PP como ahora al del PSOE, y ya se escuchan invocaciones al artículo 116.4 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), donde se prevén los estados de alarma, excepción y sitio.

Es verdad que la Constitución como Ley suprema de una nación ha de estar protegida contra ataques, y para esto está el Código Penal, que observa diferentes penas, como el delito de rebelión o el de sedición, para todos aquellos que atenten contra ella, delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, rebelión o ultrajes a España.

Estos delitos consisten en alzarse y hacerlo con violencia pública con el dolo específico de atentar contra la Constitución como superestructura del Estado.

Suelen darse a través de proclamas, comunicados o bandos llamando a la rebelión. Y se requiere la movilización de un número importante de personas que actúen generalmente armadas, aunque no siempre tenga que ser de esa forma, a juzgar por las diferentes escalas punitivas del art. 473.

El artículo 472 del Código Penal establece el tipo del delito de la siguiente forma:

Serán acusados de rebelión aquellos que se alcen violenta y públicamente con fines de derogar o modificar total o parcialmente la Constitución. Despojando sus prerrogativas y facultades al Rey, Reina o Regente, obligándoles a ejecutar un acto contrario a su voluntad. Por supuesto esto traería aparejado el impedimento de la libre elección de cargos públicos. Para lo cual se disolverían las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados y el Senado, impidiendo que se reúnan o deliberen.

Declarar la independencia de una parte del territorio nacional también se recoge como un delito de rebelión, pero recordemos que debe haber violencia.

Pero lo que mejor se ajusta al delito de rebelión como tal es el hecho de sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno Autonómico de sus facultades, coartando su libre ejercicio, obligándolo a ejecutar actos contrarios a su voluntad.

En definitiva, es un delito de consumación anticipada, un alzamiento sin esperar la producción de su resultado. Pero la conspiración en sí se agota como delito con un acuerdo de voluntades.

El esgrimir armas o la lucha, se castiga más gravemente, según el artículo 473 del Código Penal. Cuando se han esgrimido armas, o si ha habido lucha contra los sectores leales a la autoridad legítima, o la rebelión hubiese causado estragos como corte de las comunicaciones telegráficas, telefónicas, ferroviarias o de otra clase, o se hubiese ejercido violencia grave contra las personas exigido incluso contribuciones, las penas de prisión serán, respectivamente, de veinticinco a treinta años para los cabecillas e instigadores y de quince a veinticinco años para los seguidores y participantes de la revuelta.

El procés independentista del 1 de octubre de 2017 no llegó por tanto a ser un delito contra el orden constitucional porque le faltó la intensidad y la violencia que requiere la rebelión. Más bien se quedó en un delito contra orden público. El procés fue un alzamiento público y tumultuario contra la autoridad, pero jamás, en ningún momento llegó a poner en peligro al Estado, ni a su integridad territorial. Nadie hizo uso de la violencia, a pesar de que promovieron incidentes con el objetivo de impedir la aplicación de las leyes.

Sin embargo, la sentencia que se dará a conocer en breve prevé penas escandalosas en función de la participación de cada uno en los hechos. El fallo condenará por ese delito de sedición a nueve de los doce imputados. Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raúl Romeva, Carme Forcadell, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. A día de hoy en prisión preventiva. El Supremo también les impone un largo periodo de inhabilitación pública.

Sin embargo, veremos qué sucede con el delito de desobediencia grave a la autoridad y que está castigado con pena de prisión de seis meses a un año o el pago de una multa, contemplado en el Código Penal dentro de los delitos contra el orden público, del prior del Valle de los Caídos. Porque no es necesario que al dictar la orden se le advierta previamente a este sujeto exfalangista que de no cumplirla podrá incurrir en un delito de desobediencia. Lo normal sería que se detuviese a este prior por este delito llegado el caso, porque lo contrario, sería darle un trato de favor por ser un miembro destacado de la Iglesia

Fuente: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (arts. 472 y ss)

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Acerca del autor

Aicrag

7 comentarios

  • Señor Aicrag, en nuestro ordenamiento juridico no he encontrado una definicion de lo que se entiene por «violencia», pero el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua establece, en su tercera acepcion: «Accion violenta o contra el natural modo de proceder».
    Yo creo que cuando se habla de «violencia», todos estamos pensando en una de sus formas, que es la violencia fisica, pero tambien hay actitudes amenazantes que, sin que haya contacto fisico, producen intimidacion en uno de los actores, modificando su natural modo de proceder, que es lo que viene a decir la definicion de «violencia» de la RAE que mencione antes.
    Si usted, señor Aicrag, o yo, salimos de nuestro trabajo y nos encontramos a un grupo de macarras que estan subidos en nuestro coche, que nos miran desafiantes y que, mientras hacen esto, realizan juegos malabares con navajas o con objetos contundentes, seguramente optaremos por coger un taxi, o llamar a la policia. ¿Ha habido contacto fisico?, evidentemente, no, pero ha habido violencia desde el punto de vista de que los macarras han hecho que modificara mi natural modo de proceder (en vez de dirigirme a mi coche; abrir la portezuela; sentarme en su interior y arrancarlo, opte por coger un taxi ante la actitud amenazante de los macarras.
    Pues la actitud de los separatistas ha tenido mucho de esto, pues no olvidemos que en el registro que la Guardia Civil llevo a cabo en la Consejeria de Economia, unos dias antes de la celebracion del referendum, una funcionaria judicial tuvo que huir por un tejado ante el miedo que le produjo la turba de gente que habia a las puertas de la misma; esa misma turba destrozo los tres coches de la Guardia Civil que habia aparcados en el exterior, llegando hasta robar las armas largas que se encontraban en el interior de los mismos, teniendo que ser rescatados, los propios guardias civiles, por lo Mossos d’Esquadra.
    Despues de la DUI hubo tambien violencia, pues los CDR se pasaron varios dias organizando tumultos y algaradas callejeras, cortando calles, vias de tren, autopistas… y no olvidemos que el Parlament permanecio cerrado por imperativo del propio Govern que declaro la DUI.
    El Rey fue obligado a realizar actos contrarios a su voluntad, pues la comparecencia que realizo el dia 03/10/2017 ante los medios de comunicacion ha sido un acto inedito por parte del Jefe del Estado, que solo hace eso los dias 24 de Diciembres, para felicitar la Navidad a todos los españoles. Los acontecimientos que se vivieron a partir del 01/10/2017 fueron de tal gravedad que motivaron esa intervencion de S.M. el Rey.
    El dia de la celebracion del referendum hubo violencia, de lo que pudieron dar fe numerosos videos aportados por Guardia Civil y Policia Nacional, en los que podia verse como la gente impedia a los agentes el cumplir su mandato judicial de requisar las urnas.
    El propio Pedro Sanchez aprecio violencia y hablo de «rebelion», (de clarisima rebelion), en entrevistas que pueden verse en Youtube, otra cosa es que, por razones de oportunismo politico haya cambiado su forma de pensar.
    Edmundo Bal, el abogado del Estado que milita en Ciudadanos, se nego a retirar la acusacion de «rebelion», motivo por el cual fue retirado de la causa (se queria que la abogacia del Estado fuera mas sumisa). Cuatro de los magistrados del Supremo apreciaron se que habia producido el delito de «rebelion» solo que tuvieron que ceder en busca de una resolucion unanime que no pudiera ser objeto de recurso ante el Tribunal de Estrasburgo.
    En fin, que no entiendo como alquien pueda creer que no se produjo violencia y, por tanto, que no se produjera el delito de «rebelion».

    • Sr.Osiris50, no cuestiono la sentencia, es más como reconozco en el artículo, la Constitución como Ley suprema de una nación ha de estar protegida contra estos ataques, para eso tenemos el Código Penal, que observa sus penas para todos aquellos que atenten contra ella, pues van contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y contra España. Lo que apunto es que si el Prior incumple este mandato, deberá pagar también por ello.

  • El respeto a la ley (la Constitución no sólo nos exige respetarla, sino defenderla cuando estén atacados sus principios) es fundamental. Si la Ley es erosionada o violada, se desmorona todo el sistema que permite que cobremos pensiones, Marruecos no ocupe militarmente Andalucía, o nadie pueda entrar en nuestra casa sin permiso.
    Los teóricos de la desobediencia civil explicaron este principio, según el cual una protesta no puede generar más daño que el que (supuestamente) repara; y esto lo decían especialmente por la destrucción del orden y la ley que suponen ciertos actos. A menudo, incluso hay que acatar leyes injustas y sentencias defectuosas, con tal de no poner grietas en los pilares de los que dependemos todos.

    El procés es violento. De hecho, es muy violento; y su violencia empezó hace 40 años, cuando la burguesía catalana, huérfana al morir Franco, apostó por Pujol como forma de seguir manteniendo numerosos privilegios sobre el resto de España y especialmente, sobre el resto de catalanes; por eso el poder en Cataluña se concentra en apellidos muy familiares.

    La violencia no es pegar tiros. Violencia, de los romanos a esta parte, es el uso excesivo y abusivo de las propias facultades o poderes para imponer tu voluntad sobre los demás, sin que tenga que mediar la ley o la razón. La policía, en el uso correcto de sus funciones, no es violenta; ya que tienen que usar la fuerza para garantizar el orden, un orden que es nacido de la democracia y que es administrado conforme a un reglamento adaptado a la Constitución. En cambio, esta caterva golpista si es violenta, porque usa el poder que les ha dado el Estado (y que acompaña de pagas obscenas que superan en mucho al sueldo de Sánchez) para forzar su voluntad y agenda sobre todos los catalanes y los españoles. Eso es violencia, aunque no vayan vestidos de guardia civil y disparen al techo.

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  • Es tu punto de vista particularista, y no voy a entrar a debatir contigo estos detalles, pero no te consiento que me digas que hago una interpretación malintencionada con el prior del Valle de los Caídos. Si la ley es igual para todos, que todos paguen por saltársela. Porque efectivamente, estamos en un Estado de derecho, y eso abarca a la totalidad de los españoles, no sólo a unos pocos. A propósito, los monjes reciben 340.000 euros directos por transferencia anual, ya el Tribunal de Cuentas alertó en 2013 de que no había siquiera un presupuesto ni una fiscalización seria de este dinero público. ¿Esto no es también malversación? Y por si no lo sabes, todas las reparaciones, como los brazos de la cruz o la portada de la basílica, las paga también el Estado, así como los salarios, en total un millón de euros al año. Así que este señor a acatar, o a la cárcel, que no es más que nadie.

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  • Casi todo en Derecho es opinable. La apreciación de la violencia y sus formas en este caso, también. De lo contrario, el juicio habría sido mucho más sencillo y con menos sesiones seguramente. No voy a discutir si hubo o no violencia, para eso está el Supremo. Pero parece claro que los acusados incurrieron al menos en un delito de sedición además del de malversación, ambos irrebatibles. Es decir, que se pasarán entre 10 a 15 años en prisión. Puede ser que a tí las penas te parezcan escandalosas pero son las que recoge el Código Penal y, mal que les pese a algunos, todavía estamos en un Estado de Derecho. En cuánto al Prior del Valle, haces una interpretación malintencionada. Al tratarse de un lugar de culto es inviolable, o lo que es lo mismo, depende de la autoridad eclesiástica que, en este caso es el Prior. Lo que hace el Prior no es sino defender la inviolabilidad de la Basílica como lugar sagrado y todo ello de acuerdo con el Concordato o acuerdo entre la Iglesia Católica y el Estado español. Así, tu comparación entre la desobediencia de unos (pasándose por el forro las resoluciones de los Tribunales, incitando a los desórdenes colectivos, declarando unilateralmente la independencia de una parte del territorio, etc…) y un monje defendiendo el carácter inviolable de su Basílica frente al Estado hace aguas por muchas vías. Un saludo

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