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No matar moscas a cañonazos II. La intervención mínima

No matar moscas a cañonazos II. La intervención mínima - Sociedad

Desarrollando esta idea de que no se pueden matar moscas a cañonazos– que debería impartirse en la asignatura “sentido común” de la enseñanza obligatoria- se ha analizado por qué el castigo penal tiene que ser proporcional a los hechos cometidos (nótese que se dice “hechos cometidos” y no “resultados”, que las sutilezas son muy importantes en Derecho, aunque la explicación va para otra entrada 😉 ). Y nos planteamos entonces dónde debe ponerse el límite de lo que podríamos llamar “gravedad cero”, aquellas conductas que el Derecho penal debe ignorar porque no tienen la suficiente gravedad como para que intervenga.

Así, por ejemplo, los daños en la propiedad ajena se castigan si son intencionales. Los daños imprudentes sólo se castigan si son graves (si la imprudencia es grave y el valor de lo dañado supera los 80.000€). En caso contrario, quedan fuera del Código penal, permanecen impunes (por cierto, se suele asociar el término “impune” con cierta noción de injusticia, cuando algo no recibe el castigo que merece. En realidad, “impune” sólo hace referencia a que la acción no tiene castigo –sea esto justo o injusto-).

La intervención mínima del Derecho penal significa que sólo castigue las conductas más graves, lo que supone que su intervención es subsidiaria con respecto a otras ramas del ordenamiento jurídico. No debe olvidarse que hablar de Derecho penal es hablar de limitación de Derechos fundamentales. Cada vez que el Derecho penal interviene lo hace para limitar derechos, ya sea el derecho a la libertad y libre circulación (con la pena de prisión y la de localización permanente), derechos patrimoniales (con las penas de multa), derecho a desarrollar una profesión (inhabilitaciones para el ejercicio de la profesión), a elegir libremente el sitio de residencia (prohibiciones de residir o aproximarse a ciertos sitios o personas), a conducir vehículos a motor (prohibición de conducción), a tenencia de armas (prohibición de tenencia y porte de armas), etc.

Así, dada la contundencia que tiene su intervención, ésta debe quedar reducida a los casos más graves. Para los demás es posible acudir a otras ramas del Derecho como pueden ser el administrativo, civil, mercantil, etc., que tienen unas consecuencias más leves y, para los efectos buscados, pueden ser igual o más efectivos.

Un claro ejemplo de subsidiariedad lo vemos en la regulación de las infracciones de tráfico. Si la conducta no es muy grave –por ejemplo, aparcar en una zona prohibida-, la infracción tendrá un carácter administrativo, pero cuando superamos cierto umbral, aparece la intervención del Derecho penal. Así, cuando conducimos un coche en ciudad a 60km por hora por encima de la velocidad permitida estamos cometiendo un delito. Si lo hacemos por debajo (pero por encima de la velocidad permitida), cometemos una infracción administrativa. Eso es así porque se entiende que si bien esta segunda conducta es incorrecta –que para algo están establecidos los límites de velocidad-, no tiene la suficiente gravedad como para que aparezca el Derecho penal en escena.

 

Así, el Derecho penal es subsidiario pero también es fragmentario. ¿Qué significa esto? Supongamos que ya hemos pasado el umbral de la gravedad cero y decidimos que el Derecho penal tiene que intervenir. Pues bien, aun en estos casos no se trata de castigar todo tipo de conductas sino las más graves. Creo que con dos ejemplos se va a entender mejor:

Antes de la desafortunada reforma del Código penal de 2015, se castigaba el delito de hurto cuando el valor de lo sustraído superaba los 400€. En caso contrario, la conducta era una falta –desaparecida infracción de carácter penal pero inferior al no llevar nunca penas de prisión-. La fragmentariedad del Derecho penal supone que, si bien entienda que ante todo hurto o robo debe intervenir -porque es algo que la sociedad no tolera- sólo considere delito aquellas conductas que tienen mayor entidad, en este caso, por superar los 400€.

Segundo ejemplo. EL Código penal castiga los delitos contra la propiedad intelectual (reproducción, plagio, venta, etc.) con una pena de prisión de 6 meses a 4 años  y multa de 12 a 24 meses. Pues bien, considerando que no todos los casos tienen la misma gravedad, aunque formalmente pueda entenderse que se ha cometido el mismo delito, es establece la siguiente excepción en el propio artículo:

 En los supuestos a que se refiere el apartado 1, la distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional se castigará con una pena de prisión de seis meses a dos años.

No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 271, el Juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días.

¿Qué quiere decir esto? Que el Código penal es consciente que aunque un mantero y quien tenga una organización criminal destinada a plagiar obras, por ejemplo, puedan estar cometiendo el mismo delito, no sería justo aplicarles la misma pena. Así, en el primer párrafo citado se establece la previsión de disminuir la pena de prisión en caso de vendedores ambulantes e incluso, en el segundo párrafo, de excluir directamente la pena de prisión según las circunstancias del caso.

Una vez más, se trata del carácter fragmentario del Derecho penal.

En resumen, no matar moscas a cañonazos supone que el Derecho penal tenga una intervención mínima, cuando realmente es necesario, por lo que será necesario mantener su carácter subsidiario respecto a otras ramas del ordenamiento y fragmentario en sus intervenciones.

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Anastasia

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